Aproximación a la reforma laboral española del 2012

Publicado en por Montse Perelló Giner

La reforma laboral aprobada recientemente en España es crucial para nuestro sistema económico. Encontramos las medidas necesarias para llevar a cabo dicha reforma en el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, en cuya exposición de motivos centraremos nuestra exposición para establecer y estructurar el marco general de la reforma y para destacar ciertas medidas por las que se apuesta. Todo ello de un modo estrictamente objetivo.

En primer lugar, se hace referencia a la grave crisis que España lleva afrontando desde el año 2008 y se complementa con impactantes cifras acerca del paro y la tasa de temporalidad. Es interesante, para situarnos bien en el contexto en el que nos encontramos, prestar atención a dichas cifras representativas obtenidas de la última Encuesta de Población Activa:

- Paro: 5.273.600 personas

- Tasa del paro: 22,85%

- Tasa del paro en menores de 25 años: casi 50% 

- Duración media del paro en 2010 en España: 14,8 meses (a diferencia de los 9,6 meses de los países de la OCDE o los 7,4 meses de los miembros el G7)

- Tasa de temporalidad media (trabajos temporales) en España: casi 25% (muy alejado del 14% de otros países europeos)

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Los datos expuestos nos revelan la grave situación de crisis económica que vivimos y la gran necesidad de reformar el sistema laboral español para conseguir crear empleo y, en consecuencia, promover el crecimiento progresivo y recuperación del país.

Esta necesidad se ve plasmada al regular la reforma en cuestión mediante Real Decreto-ley, reservado para los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad en virtud del artículo 86 de la Constitución Española: "En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título Primero, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al derecho electoral general."

La finalidad que se persigue con el Real Decreto-ley 3/2012 es crear empleo y dar seguridad a trabajadores y empresarios, además de generar confianza a los mercados. Lo que se busca es un equilibrio entre las relaciones laborales, y ello se pretende mediante la flexibilidad interna y externa. El equilibrio y la flexibilidad contribuyen a la seguridad de trabajadores y empresarios.  

Por todo ello, el Real Decreto-ley en cuestión se estructura en cuatro Capítulos donde se exponen diferentes medidas, a <<grosso modo>> y a nivel de resumen, podríamos esquematizar lo siguiente:

 

- Capítulo I: medidas para fomentar la empleabilidad de los trabajadores: intermediación laboral y formación profesional.

- Capítulo II: medidas para fomentar la contratación indefinida, especialmente en el ámbito de las PYME's y los jóvenes.

- Capítulo III: la flexibilidad interna como alternativa al desempleo.

- Capítulo IV: medidas para favorecer la eficiencia del mercado de trabajo.

A continuación, dispongámonos a destacar las ideas clave de cada uno de esos Capítulos.

 

En el Capítulo I del Real Decreto-ley 3/2012 enontramos dos cuestiones relevantes:

a) Siguiendo el modelo de otros países de la Unión Europea, las ETT's (Empresas de Trabajo Temporal) son autorizadas como agencias de colocación como medida para agilizar el mercado de trabajo en lugar de los Servicios Públicos de Empleo.

b) Se apuesta por el aprendizaje permanente, así como la formación profesional, reconociéndose como un derecho individual.

 

Las ideas fundamentales del Capítulo II son las siguientes:

a) Se expresan diversas medidas para fomentar la contratación indefinida y la creación de empleo, muy especialmente entre jóvenes y pequeñas y medianas empresas (las llamadad PYME's). Estas últimas representan el 99,23% de las empresas españolas, cifra que manifiesta su gran relevancia en el mercado. 

b) Se hace referencia al trabajo a tiempo parcial, tanto como mecanismo para una organización flexible como para la necesaria redistribución del empleo, por lo tanto, con gran importancia dentro del sistema laboral.

 

Respecto al Capítulo III, referente a medidas de flexibilidad para las empresas como alternativas a la extinción del empleo, tales como la reducción del salario o la jornada, se destaca la importancia de éstas con la finalidad de adaptar las condiciones laborales a las circunstancias concretas de cada empresa.

Es decir, una empresa puede optar, según las circunstancias concretas que atraviese, por una reducción del salario o la jornada para evitar el despido de sus trabajadores. Con ese objetivo, se ha optado por medidas encaminadas a simplificar y agilizar determinados aspectos, entre otras:

- La supresión del requisito de autorización administrativa.

- La negociación colectiva como instrumento y no como obstáculo, con la finalidad de una progresiva descentralización convencional y dotar de mayor facilidad la negociación de las condiciones laborales.

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En último lugar, el Capítulo IV recoge ciertas medidas para favorecer la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad, la mayoría focalizadas en relación a la extinción del contrato:

a) Se establece como límite máximo temporal en el encadenamiento de contratos temporales el regulado en el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, que dice lo siguiente: [...] los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos [...].

 La aplicación del precepto anterior fue suspendida por el Real Decreto-ley 10/2011 de 26 de agosto, pero volverá a aplicarse a partir del 1 de enero de 2013.

b) Supresión del llamado "despido exprés", ya que generaba inseguridad en los trabajadores y, en muchas ocasiones, se trataba realmente de despidos improcedentes, porque se atendían solamente a cuestiones económicas de la empresa y no la eficiencia del trabajador.

c) Reforma del régimen del despido colectivo, cuyas características fundamentales son:

- Eliminación del requisito de autorización administrativa.

- Se mantiene el período de consultas como exigencia del derecho comunitario, aunque no se exige el acuerdo de los representantes de los trabajadores.

- Se establece una delimitación de las causas del despido colectivo y, también, ciertas prioridades de permanencia (discapacitados, personas con cargas familiares de mucho peso, mayores de cierta edad, etcétera).

- Medidas para los despidos de más de 100 trabajadores, como: plan de recolocación externa, medidas de formación o atención personalizada.

d) Referente a las indemnizaciones y a los costes, las indemnizaciones pasan a ser de 33 días de trabajo al año con un máximo de 24 mensualidades, dejando atrás a los 45 días por año con un máximo de 42 mensualidades de estos últimos tiempos. Además, en lo relativo a los costes, se modifica el Fondo de Garantía Salarial en las indemnizaciones por extinción de contratos indefinidos en empresas con menos de 25 trabajadores y que no sean declarados como improcedentes por un Juez.

 

Para acabar, en el Real Decreto-ley 3/2012, también se hace referencia a ciertos cambios procesales y disposiciones que vienen impuestos por los cambios introducidos como consecuencia de la propia reforma, entre ellos se establece: el carácter preferente y urgente, la obligación empresarial de facilitar la documentación justificativa y necesaria, un régimen específico para los administrativos y directivos de entidades de crédito limitativo de indemnizaciones, límites a los contratos mercantiles y de alta dirección del Sector Público y normas para la adecuada aplicación de los preceptos con la finalidad de aportar seguirhttp://robertorj.files.wordpress.com/2011/01/paro-frente-a-confianza1.jpgdad jurídica.

 

En conclusión, frente a la urgente necesidad de una reforma laboral inmediata, se adopta el citado Real Decreto-ley, que se estructura en cuatro Capítulos y una serie de disposiciones; todas ellas encaminadas a procurar una mayor flexibilidad, tanto interna como externa, en el ámbito de las empresas y a crear empleo, transmitiendo asimismo seguridad jurídica tanto a los trabajadores como a los empresarios y con el objetivo final de generar confianza en nuestro sistema laboral y económico. 

 

 

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